El Defensor del Pueblo es un funcionario independiente, que actúa en el marco del área parlamentaria (o del Concejo Deliberante, en el caso de los municipios), encargado de recibir quejas de los vecinos ante arbitrariedades del poder administrador y canalizar sus demandas. Esto supone responder ante actos de abuso de autoridad (como por ejemplo, arrestos injustificados), pero también contempla omisiones en el cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos (como puede ser dejar de controlar a quienes contaminan).

El carácter popular que esta institución ha alcanzado allí donde existe se debe a que cualquier ciudadano se puede dirigir al Defensor del Pueblo mediante un escrito de queja realizado en papel común. Sus actuaciones son por completo gratuitas y los documentos así presentados no pueden ser objeto de censura, aún cuando se hagan desde un centro de detención, internamiento o custodia de personas.

En numerosas legislaciones, la popularización de esta figura comenzó a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, dentro del marco de revalorización de los derechos humanos que habían sido conculcados por el nazismo.

En las constituciones más recientes, la institución se vincula con dos de los principios que las inspiran: la participación ciudadana y el control que los ciudadanos debven ejercer sobre el poder político.

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