El curso propone un despliegue conceptual de las distintas herramientas para el ejercicio del derecho de libre acceso a la información pública como presupuesto imprescindible para la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.

Nuestra propuesta se complementa además con la difusión de múltiples experiencias, causas y fallos relacionados con las distintas unidades temáticas, tanto en el nivel nacional, como provincial y municipal. A su vez, se propone una forma de interpretar y aplicar la normativa vigente en un país cuya organización ha adoptado la forma federal, lo cual implica diversos niveles de gobierno.

Un gran número de individuos, grupos y organizaciones ciudadanas están reaccionando de diversas maneras frente a la necesidad de respetar los imperativos ambientales, y a su vez, los medios de comunicación están dando cada vez mayor cobertura a los reclamos ciudadanos en relación al desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable contempla diversas aristas a saber: la ambiental, la económica, la social e institución. Por lo tanto implica el compromiso de todos los sectores para alcanzarlo.

El Defensor del Pueblo es un funcionario independiente, que actúa en el marco del área parlamentaria (o del Concejo Deliberante, en el caso de los municipios), encargado de recibir quejas de los vecinos ante arbitrariedades del poder administrador y canalizar sus demandas. Esto supone responder ante actos de abuso de autoridad (como por ejemplo, arrestos injustificados), pero también contempla omisiones en el cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos (como puede ser dejar de controlar a quienes contaminan).

El carácter popular que esta institución ha alcanzado allí donde existe se debe a que cualquier ciudadano se puede dirigir al Defensor del Pueblo mediante un escrito de queja realizado en papel común. Sus actuaciones son por completo gratuitas y los documentos así presentados no pueden ser objeto de censura, aún cuando se hagan desde un centro de detención, internamiento o custodia de personas.

En numerosas legislaciones, la popularización de esta figura comenzó a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, dentro del marco de revalorización de los derechos humanos que habían sido conculcados por el nazismo.

En las constituciones más recientes, la institución se vincula con dos de los principios que las inspiran: la participación ciudadana y el control que los ciudadanos debven ejercer sobre el poder político.